En un movimiento que coincide con las festividades decembrinas y en medio de una creciente presión internacional, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este viernes la excarcelación de 99 ciudadanos que permanecían privados de libertad tras los eventos políticos y protestas derivados de las elecciones presidenciales de 2024.
A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, la cartera penitenciaria informó que la decisión responde a una “evaluación caso por caso” realizada por el sistema de justicia, las personas liberadas enfrentaban cargos relacionados con “hechos de violencia e incitación al odio” tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024
La medida otorga medidas cautelares (libertad condicional), lo que significa que los ciudadanos no gozan de libertad plena y deberán cumplir con presentaciones periódicas ante los tribunales correspondientes.
Organizaciones no gubernamentales y familiares de los detenidos han recibido la noticia con cautela, según el reporte de activistas:
- Centros de reclusión: Las liberaciones se registraron principalmente en los centros penitenciarios de Tocorón(Aragua), el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida (Miranda) y centros de detención en La Guaira.
- Perfil de los liberados: Entre el grupo se encuentran hombres, mujeres y, según reportes de ONGs como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, casos emblemáticos como el de la médica Marggie Orozco, de 65 años, quien había sido condenada previamente por críticas emitidas a través de redes sociales.
- Balance de detenidos: A pesar de este avance, el Foro Penal recuerda que aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos, hasta mediados de diciembre, la cifra superaba los 900 privados.
Este anuncio ocurre en un contexto diplomático tenso, marcado por la presencia de una flota estadounidense en el Caribe y las advertencias de la administración entrante en EE. UU. respecto a nuevas sanciones. Asimismo, mandatarios regionales como Gustavo Petro (Colombia) han reaccionado a la noticia haciendo un llamado a una “amnistía general” y al diálogo político como única vía para la estabilidad del país.
El Ejecutivo Nacional, por su parte, sostiene que estas acciones son una muestra del “compromiso del Estado con la paz y la defensa de la soberanía nacional”, reiterando que el país avanza hacia la normalización institucional.
